España condenada por no clausurar vertederos ilegales

El Tribunal de Justicia de la UE condena a España por no clausurar 61 vertederos ilegales. El Gobierno español recurrió la sentencia, de este caso abierto desde el año 2007, alegando que se está trabajando para el cierre y clausura, en algunos casos y, en otros, que esos depósitos de residuos no son perjudiciales para el medio ambiente. Los vertederos se encuentran en las Comunidades Autónomas de Canarias, Castilla- León, Castilla-La Mancha y Murcia.

La sentencia concluye que los voluminosos anexos presentados por el Reino de España no permiten refutar la condena previa, del año 2014. Se comunica que ni las particularidades del ordenamiento jurídico interno, ni los costes asociados a la clausura de los vertederos ilegales pueden justificar el incumplimiento de la normativa comunitaria. En este caso, entonces, solo nos queda saber el importe de la multa que se impondrá a España. En el año 2014 se impuso a Italia una sanción de 40 millones de euros por un caso similar y a Grecia una multa inicial de 10 millones, con penalizaciones adicionales. No hace mucho se le impuso a España una sanción del 46 millones de euros por el incumplimiento de la Directiva sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.

Aunque en realidad lo que esta sanción deja entrever es un problema de fondo aún mayor: los pobres datos de gestión de residuos sólido urbano (RSU) en el Estado español. En la siguiente gráfica vemos los datos del INE para el año 2014:

grupoecoindustria-RSU por CCAA

Así, mientras los miembros del Parlamento europeo están negociando una  gestión de RSU vía vertedero de, como máximo, el 5%, en España, vemos que en 2014 el 82% de los residuos urbanos no se separaban selectivamente, es decir, la mayoría se gestionaban vía vertedero. Por otro lado, la Directiva Marco de Residuos marca un 50% de reciclaje de RSU para 2020. Y como vemos en la tabla anterior, a 3 años del plazo, Navarra es la comunidad que más podría acercarse, con un 43% de recogida selectiva, seguida, a bastante distancia de País Vasco (33%) y Cataluña (31%).

Está claro que España debe replantearse su modelo de gestión RSU, ya no solo para prevenir incumplimientos de la normativa ambiental europea y sanciones económicas derivadas. Si no porque ,estratégicamente, la eficiencia en el uso de recursos dentro del marco de la Economía Circular es una baza que, según los estudios de la UE, puede generar valor añadido a la economía y puestos de trabajo cualificados.

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