España impondrá una tasa a las bolsas de plástico

El pasado 2 de diciembre de 2016 se publicó el Proyecto de Real Decreto sobre la reducción del consumo de bolsas de plástico que traspondrá la Directiva 2015/720/UE. Esta trasposición debía haberse hecho efectiva el pasado 27 de noviembre de 2016, por esta razón se ha optado por la forma legal de Real Decreto, al ser más rápida que la de Ley, al no requerirse aprobación del Parlamento.

El documento propone establecer un precio obligatorio de 10 céntimos de euro por las bolsas de hasta 30 micras y 15 céntimos por las bolsas de un grosor superior. Las bolsas con un espesor inferior a 15 micras, que se usan para la compra de alimentos a granel, quedarán exentas. En el caso de las bolsas oxodegradables, al haberse comprobado sus efectos especialmente nocivos para el medio, ya que descomponen en micro plásticos de elevada persistencia en el ambiente, se prohibirá su uso a partir del 1 de enero de 2018. Para las bolsas oxodegradables con un espesor superior a las 50 micras, se establece una tasa disuasoria de 30 céntimos de euro por bolsa.

Para las bolsas compostables, que se degradan completamente, se fijan unos precios más bajos: 5 céntimos hasta las 30 micras de espesor y 10 céntimos para las más gruesas. También se creará un registro de productores y requerimientos de etiquetado para diferenciar claramente las bolsas compostables de aquellas que no lo son.

Se pretende lograr un objetivo de reducción a partir del 31 de diciembre del 2025 del 30% respecto del consumo en 2016, objetivo ya marcado en la Directiva. La aplicación de esta norma supondrá un coste estimado a los consumidores de 788 millones de euros, si se mantuviesen los niveles de consumo del año 2014, último con datos disponibles.

Las Autonomías ya hace años que cobraban por las bolsas de plástico, aunque el precio no estaba armonizado. Si tomamos como ejemplo el caso catalán, desde la implantación de la medida redujo en consumo de éstas bolsas un 50%, aunque con el hándicap de que el pequeño comercio no estaba incluido, y allí se vio un incremento del consumo.

La mayoría de los países europeos han optado por la imponer un precio a las bolsas de plástico, aunque Francia, por ejemplo, optó por la prohibición de todas aquellas que no fueran compostables. Y es por eso, que ONG como Ecologistas en Acción acusan al Gobierno de la poca ambición de la norma, que se limita a trasponer lo marcado en la Directiva. Se quejan además de que sea una tasa a los consumidores y no un impuesto ambiental que pudiese revertirse en proyectos de mejora ambiental. En ese caso lo recaudado sería gestionado por la Administración y no por los distribuidores, como sucede en la actual propuesta.

En ese punto coincide el informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, (CNMC) donde se analiza el resultado de las medidas adoptadas en otros países:

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Se concluye que aquellos países que han implantado medidas fiscales, como Irlanda, han obtenido mejores resultados. Además cree que la fiscalización es más respetuosa con la libertad de empresa. También coincide en que es más apropiado al internalizar el daño producido al medio ambiente, de forma que serán el conjunto de consumidores directos los que soportarían el recargo del producto.  Se evitaría además, según la CNMC, una apropiación indebida de rentas por las empresas distribuidoras.

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