El Parlamento aprueba la reforma del ETS

Después de meses de negociaciones, el Parlamento Europeo aprueba por una amplia mayoría (535 votos a favor y 104 en contra) la reforma del Mercado de Emisiones (ETS). A partir de ahora, se espera que las industrias europeas pagarán un precio más alto por cada tonelada de CO2 que emitan a la atmósfera.

El pasado noviembre, el trílogo (Comisión-Consejo-Parlamento) llegó a un acuerdo en relación con la revisión de la Directiva de comercio de derechos de emisión: se continúa hacia una economía baja en carbono. Es decir, una economía en la que se emita el mínimo de gases de efecto invernadero.

Así, aunque se va a mantener la sistemática del sistema de comercio de derechos de emisión actual (2012-2020), en los próximos años se irán reduciendo las asignaciones gratuitas de derechos de emisión y se “sacarán” menos derechos al mercado. Todo ello con objeto de que el precio del derecho de emisión suba y las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan. Así, parece que se avanza en la línea de unas tasas ambientales al alza, que exigía hace poco la Comisión Europea. Además, ya hacía meses que algunos países, como Suecia, estaban intentando trabajar para subir el precio de la tonelada de CO2, que llegó a estar por debajo de los 5€.

Por ahora, se acuerda mantener porcentaje de subasta en un 57%, con una posible disminución del 3% de este porcentaje de subasta con destino asignación gratuita si fuese necesario aplicar el factor de corrección uniforme intersectorial (CSCF)[1]. En paralelo, también se crearán mecanismos de financiación para para ayudar al sector industrial y energético en la reducción de emisiones (Fondo de innovación y Fondo de modernización). Otra de las claves es el incremento del “factor lineal de reducción”, es decir el porcentaje anual de reducción de emisiones de CO2, que pasaría del 1,73% al 2,2%. Esto supondrá reducir las emisiones totales de CO2 equivalente de la UE de los actuales 1900 millones de toneladas a unos 1300 millones de toneladas en el horizonte 2030. Objetivo un poco por debajo del 2,4% que había aprobado el Comité de medio ambiente del Parlamento Europeo, hace poco más de un año. Se prevé que el objetivo pudiera revisarse para el año 2024.

Pero, ¿será suficiente para mantener el incremento de temperatura del Planeta bajo control? Durante este periodo de negociaciones, se publicaron estudios que afirmaban, que la captura de emisiones sería fundamental para cumplir los compromisos de París. Mediante el mencionado Fondo de Innovación, se prevé financiar proyectos de captura y almacenamiento de carbono. Se podrá financiar hasta el 60% del total de la inversión en este tipo de proyectos, a los que se destinarán 10000 millones de lo recaudado en la venta de los derechos de emisión.

Los sectores industriales considerados en riesgo de “fuga de carbono” (“carbón leakage”)[2] se reducen de los 177 actuales a apenas 50. Sin embargo, si nos referimos a emisiones de CO2 afectadas, el porcentaje solo se reduce del 97% al 90%. Un 3% de los ingresos de la subasta de emisiones se dedicarán a compensar los costes indirectos de estas empresas. Además, se prevé que los Estados Miembros puedan establecer medidas de compensación adicionales, sin ninguna obligación de armonizar las medidas. Así pues, nos encontramos ante una nueva situación de riesgo para la libre competencia dentro de la UE.

Las reivindicaciones de la IETA[3] de compensar los costes indirectos son por lo tanto desoídas. Y en lugar de establecer mecanismos de armonización con los mercados de emisión que existen en el resto del Mundo (ver figura), el nuevo marco normativo podría implicar diferencias entre países dentro de la propia UE.

La modificación de la norma solo requiere ahora la adopción oficial por parte del Consejo. Esto se espera que sea un mero trámite. La normativa ETS cubre unas 12 000 instalaciones industriales, que producen, aproximadamente la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El resto de sectores – construcción, agricultura, gestión de residuos y transporte[1] – están cubiertos por la normativa del esfuerzo compartidoeffort sharing regulation”, que también ha alcanzado un acuerdo provisional. Este sería la reducción del 30% de las emisiones de GEI para 2030, comparándolas con los niveles de 2005.

 

[1]

Excluyendo aviación y transporte marítimo internacional

[1]

CSCF, en sus siglas en inglés. Para calcular este factor se compara la suma total de las asignaciones gratuitas asignadas cada año con la cantidad anual de emisiones permitidas para la UE en su conjunto.

[2]

Se denomina “fuga de carbono” la situación que puede producirse cuando, por motivos de costes derivados de las políticas climáticas, las empresas trasladan su producción a otros países con límites de emisión menos estrictos.

[3]

International Emissions Trade Association

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