PG&E accidente ambiental

Cambios en las consecuencias económicas de los accidentes ambientales – Bancarrotas y redefinición de responsabilidades

Actualmente, la protección del ecosistema es primordial y, cada vez más, la justicia trata de perseguir a los responsables de cualquier accidente ambiental.

Sin embargo, anteriormente, esto no era lo habitual, por inexistencia de un marco legal o por falta de voluntad. 

En España, en 1998, Boliden-Aznalcollar, vertió seis millones de toneladas de residuos tóxicos a la cuenca del Guadalquivir poniendo en peligro el parque de Doñana. El 90% de los costes de recuperación y limpieza fueron asumidos por la Administración quien sigue reclamando a Boliden 133 millones de euros para sufragar los trabajos realizados. Para evitar el pago, la multinacional optó en 2001 por cerrar su filial española eliminando más de 400 puestos de trabajo.

Otro caso similar se produjo en el País Vasco.  El escape de dióxido de azufre en 1994 de la planta química de Rontealde en Barakaldo mató a una persona y daño seriamente el ecosistema. En 2003, dos directivos de Rontealde fueron condenados a 1 año de prisión y 4 de inhabilitación por homicidio imprudente cometido por negligencia profesional. Sin embargo, la audiencia provincial de Vizcaya no multó a Rontealde por el delito ecológico cometido ni impuso medidas de reparación. 

La Directiva de Responsabilidad Medioambiental cambia esta situación, como veremos más adelante.

Entorno USA, una definición diferente de responsabilidad

En Estados Unidos, aunque no hay una aproximación legal tan sistemática como en Europa, ya en los 70 se inician demandas contra contaminaciones ocurridas en los años 40 que acaban en acuerdos superiores a los 150 millones de dólares en los años 90. (Ejemplo, Love Canal )

Otro ejemplo paradigmático es la compañía Pacific Gas & Electric (PG&E) que ha estado involucrada en múltiples casos medioambientales, como el de Hinkley, famoso por la película “Erin Brockovich”, en el que acabó pagando 333 millones US$ en 1996. Y en otros como el de San Bruno, en 2010, con 8 muertos y costes de más de 600 millones US$ para la compañía. En paralelo a esta y otras desgracias, la compañía se embarcaba en reestructuraciones y reducciones de personal, buscando cambiar el futuro y arreglar el pasado, que le hacía perder capacidad de ejecución de los programas de mantenimiento y prevención que requiere una empresa como ésta.

youtube.com/watch?v=WfZ7QyrlEjQ

El último desaguisado ha sido el incendio de Chico-Paradise, o CampFire , en 2018 que ha supuesto la muerte de 88 personas, la devastación de más de 60.000 hectáreas y la destrucción de más de 18.000 edificios. Los tribunales han dictaminado que la causa fue una chispa de una torre eléctrica de PG&E, debido al mantenimiento deficiente realizado por la compañía. Con las últimas sentencias, a finales de 2019, las consecuencias para PG&E han sido

Seguramente, el cambio climático favoreció una mayor temperatura ambiente y un bosque y sotobosque más secos en los que el fuego se propagó de manera espectacular. Pero esto no detrae de responsabilidades a PG&E especialmente tras la sentencia judicial.

Incluso en entornos, como el estadounidense, en el que no hay coberturas sistemáticas ante este tipo de incidentes, se acaban estableciendo reparaciones a los causantes.

Cambio de paradigma – Evitar, prevenir y reparar

Con la entrada en el siglo XXI, la UE con la Directiva 2004/35/EU, de Responsabilidad Medioambiental, ha introducido   el concepto de reparar el daño causado al medio ambiente. En España, la Ley 26/2007 que la transpone Poner enlace, además, obliga a ciertos agentes (fábricas contaminantes, operarios de sustancias peligrosas, …) a establecer garantías financieras para poder frente a responsabilidades de hasta 20 millones de euros para la reparación del ecosistema en el caso de un desastre natural.

La combinación de estas dos normas introduce diversos cambios de paradigma

  • Tanto la Directiva como la Ley obligan a reparar el daño causado o, incluso, a prevenirlo. Esto obliga a revertir el medio afectado a su estado original, o a evitar que se degrade éste. La implicación para los agentes económicos afectados es clara, hay que conocer el estado original y establecerlo como baseline para cualquier posible discusión futura.

 

  • En el caso español, además, una vez se extienda la obligación de establecer las garantías financieras la Administración responsable podrá ejecutarlas para resarcirse de cualquier trabajo de reparación. Situación diametralmente opuesta a la actual. 

 

  • Se establecen las “organizaciones no gubernamentales que trabajen en la defensa del medio ambiente” como entidades que pueden solicitar la actuación de la Administración en base a lo que marcan estas normas.
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