@silviaclaveris Comisión europea

La Comisión Europea lanza una advertencia

La Comisión Europea envió el pasado mes a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la mala calidad del aire.

Madrid, Barcelona y Valles-Baix Llobregat han excedido los límites máximos de los niveles de dióxido de nitrógeno permitidos por las regulaciones de la Unión Europea, vigentes desde 2008.

La UE ha entregado unos datos de calidad del aire que son aterradores para España. Estos datos confirman la superación sistemática de los límites de dióxido de nitrógeno.  Éstos han sido legalmente vinculantes desde 2010.

El Ministerio de Transición Ecológica español ha instado a todas las autoridades responsables de la calidad del aire a trabajar de manera coordinada para garantizar que Madrid, Barcelona y el área de Valles-Baix Llobregat dejen de exceder los límites legales de dióxido de nitrógeno.

Aunque es demasiado pronto para determinar los valores durante 2019, en abril, mayo y junio de este año, 21 de las 24 estaciones de medición en Madrid mostraron niveles más bajos en comparación con el mismo período en 2018. La causa, algunos apuntan, podría ser las restricciones de tráfico que implantó el gobierno municipal saliente.

La calidad del aire también ha mejorado en el área metropolitana de Barcelona, ​​donde los valores de 16 de las 18 estaciones de medición mostraron una disminución en el dióxido de nitrógeno.

 A pesar de ello, el Comisario de Medio Ambiente Karmenu Vella ha anunciado la decisión del ejecutivo Europeo. Su objetivo es llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. La razón es la violación “persistente” de la directiva sobre calidad del aire en Madrid, Barcelona y Vallès-Baix Llobregat.

El pasado de España con el medio ambiente  y la Comisión Europea

Los procedimientos de infracción se ponen en marcha cuando la Comisión Europea estima que un estado miembro no está cumpliendo con la legislación comunitaria. Bruselas ya advirtió a España sobre la contaminación del aire en 2015. A pesar de ello, el expediente estaba en punto muerto desde 2018.

La Comisión cree que España no ha tomado las medidas necesarias para atajar el problema. Por esta razón, la Comisión ha referido el caso al Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo. Aunque la mayor parte de los casos concluyen con un acuerdo entre las partes, España se juega una multa. Y no sería la primera vez.

En julio del año pasado, Luxemburgo ya multó a España con 12 millones de euros. La sanción fue impuesta por incumplir la directiva de saneamiento y depuración de aguas residuales. Además de otros 11 millones por cada trimestre de retraso. En este caso se barajan cifras mucho mayores.

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