Contaminación de suelos: nueva propuesta de ley en Portugal

El Gobierno de Portugal ha aprobado una propuesta de ley sobre suelos industriales contaminados, que se encuentra en consulta pública, hasta octubre. Establece una serie de actividades, en su anexo I, que deben someterse a una evaluación de la calidad del suelo, según un procedimiento escalonado. Todas deberán someterse a una evaluación preliminar del riesgo de contaminación (aún por determinar el contenido de ésta). El riesgo se calificará como mínimo, bajo, medio o elevado.

Los suelos calificados como de riesgo mínimo o bajo, simplemente deberán seguir sometiéndose a una evaluación preliminar cada 3 años. Los suelos con riesgo medio y alto deberán afrontar una evaluación exploratoria, que establecerá un plan de muestreo del terreno. Los resultados de éste se confrontarán con los valores de referencia recogidos en la ley, para decidir si el suelo está contaminado o no. Antes de decidirlo, podría requerirse una evaluación detallada.

Los suelos contaminados estarán sujetos a un procedimiento de remediación para recuperar la calidad del suelo. Todos los costes, incluyendo muestreos y limpieza del terreno correrán a cargo del operador de la actividad, a no ser que se pueda demostrar la responsabilidad de un tercero.

La Comisión Europea ha aplaudido la iniciativa portuguesa y ha reconocido la necesidad de una norma común europea. La Directiva de suelos está estancada desde el año 2006 por la oposición de varios países miembros, incluyendo el Reino Unido y Holanda. Algunas voces han criticado la norma portuguesa por su exceso de burocracia y porque permite comprar un suelo sin certificado, siempre que el nuevo propietario asuma la responsabilidad.

En España tenemos normativa de suelos desde el año 2005. El Real Decreto 9/2005 establece un procedimiento similar al portugués, aunque mucho más simplificado. Si bien los Informes de Situación para las actividades afectadas se exigen en nuestro país desde la publicación del RD, en la mayoría de los casos no han dado lugar a ningún otro requerimiento por parte de la Administración.

La Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, no aporta novedades significativas. Posteriormente, la Ley 5/2013 introduce cambios en la IPPC[1]. Entre ellos, exige la presentación de un informe base en el que se aporten datos analíticos sobre la situación del suelo o en su defecto informe técnico que justifique que no existe la posibilidad de contaminación del subsuelo. Este informe debe acompañar a la AAI[2] para nuevas actividades o cambios sustanciales de éstas. El objetivo es detectar contaminación que pueda haber sido causada por el desarrollo de la actividad.

 


[1]             Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación

[2]            La Autorización Ambiental Integrada es el trámite al que están sometidas las actividades incluidas en el Anexo 1 de la  Ley 16/2002

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