El delito ambiental: una asignatura pendiente

El pasado 22 de mayo, y después de 18 años de negociaciones, se aprobó la primera ley de delito ambiental en Italia (Ley n 68/15), que tipifica 5 delitos contra el medio ambiente: daños irreversibles contra los ecosistemas, contaminación ambiental, manejo ilegal de materiales radiactivos, entorpecimiento de los controles ambientales y restauración deficiente de áreas dañadas.

Los críticos señalan que el término “ilegalmente”- que se añade a la disciplina de sanciones, introducida  con esta ley en la Norma en Materia Ambiental (Decreto Legislativo n152/2006) – podría tener como consecuencia la evasión de responsabilidades en las actividades que operen bajo la preceptiva licencia ambiental. En todo caso, la formulación de los delitos es ambigua, lo cual puede perjudicar también a las empresas.

¿Qué sucede en España? En España no existe una ley específica sobre delito ambiental, si bien desde el año 1983 se incorporó en el Código Penal el artículo 347 bis que limitaba el delito a la emisión o vertido de sustancias que pudiesen dañar el medio ambiente o las personas. El Código Penal de 1995, arts. 325-332,  amplió la tipificación del delito ambiental incorporando otras actividades como excavaciones, radiaciones, inyecciones en el subsuelo, captaciones de agua (…)

En el año 2008 una Directiva europea de protección del Medio Ambiente mediante el Derecho Penal,  obliga a los Estados Miembros a legislar sobre el tema. La Ley Orgánica 5/2010 traspone la directiva, sin grandes cambios para el delito ambiental respecto al año 95, posteriormente tampoco la Ley orgánica 1/2015 incluye modificaciones importantes.

No se ha avanzado mucho en las definiciones y existe cierta inseguridad jurídica cuando se definen delitos como “daños sustanciales sobre la calidad del aire, del suelo o de las aguas”, si no sabemos que es “sustancial” o, en el caso de “traslado de una cantidad no desdeñable de residuos”, no saber qué cantidad es esa. Nos encontramos también con que el apartado 2 del artículo 327 se habla de conductas que “pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales”, es decir existe un riesgo, pero no necesariamente es un hecho. Este es otro punto de gran inseguridad jurídica, ya se podría castigar el riesgo de que se produzca un delito, sin que éste, de hecho, se llegara a producir.

Consecuentemente la jurisprudencia que se ha desarrollado en torno al delito ambiental es amplia. Ya en 1990 el Tribunal Supremo la consideró una “norma penal en blanco” que define en una sentencia del 20 de septiembre de ese año como: son leyes penales en blanco aquellas cuyo supuesto de hecho debe ser completado por otra norma producida por una fuente jurídica legítima.

En conclusión, en España llevamos más tiempo con legislación sobre el tema, pero no ha habido avances considerables para delimitar lo que es delito ambiental en la legislación aprobada hasta la fecha. Los avances que se han hecho, han sido más gracias a la jurisprudencia, lo cual tampoco proporciona seguridad jurídica ni para el medio ambiente, ni para las empresas.

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