España culpable por incumplimiento de la Directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas

El pasado 10 de marzo, el Tribunal de justicia de la Unión Europea dicto sentencia contra España, al encontrarla culpable de incumplimiento de los artículos 4 y 5 de la Directiva de vertidos del año 1991. La Comisión Europea hace años que viene denunciando al Estado Español por no cumplir con lo dispuesto en esta normativa, y tras varios años de advertencias y apelaciones, el Tribunal ha encontrado incumplimiento probado en las aglomeraciones de Pontevedra-Marín-Bueu-Poio en Galicia y en Figueres, El Terri (Banyoles) y Berga en Cataluña.

En concreto, en el artículo 4 se exige la instalación de sistemas de tratamiento secundario adecuados en las aglomeraciones urbanas de más de 2000 habitantes equivalentes. Y en el artículo 5, se  requieren tratamientos más rigurosos, cuando se trate de vertidos de aglomeraciones de más de 10.000 habitantes equivalentes en zonas sensibles.

Recientemente,  la Comisión Europea ha publicado un informe sobre la situación de cumplimiento de los artículos 3,4 y 5 de la mencionada Directiva 91/271/CEE. En el artículo 3 se exhorta a la instalación de colectores en las aglomeraciones urbanas de más de 2000 habitantes equivalentes. Se pone de relevancia las grandes diferencias entre los países de pertenencia más antigua y los de nueva incorporación. Aunque,  como vemos en el siguiente gráfico, España tampoco sale muy bien parada.

Incumplimiento directiva vertidos

 

¿Qué va a hacer ahora España? No existe todavía una respuesta oficial, aunque el diario británico ENDS ha publicado que un representante del Ministerio de Medio Ambiente habría declarado que la responsabilidad recaía en los gobiernos regionales de Galicia y Cataluña. Sabemos que la Agencia Catalana del Agua ha adjudicado la redacción de proyecto de mejora de la depuradora de Figueres.  Y en cuanto a Santa Llogaia del Terri, se prevé la próxima publicación del anuncio para la licitación del proyecto de mejora, aunque no hay nada oficial.

Las consecuencias de esta sanción para el sector industrial pueden ser múltiples. Por un lado, la Administración competente del sistema objeto de sanción puede variar las condiciones de los permisos de conexión al sistema de saneamiento. Por el otro, como respuesta general a este problema se pueden llegar a revisar todas las autorizaciones de vertido a zonas sensibles y, más concretamente, a aquellas en las que vierten los sistemas objeto de sanción. Esperemos que el esfuerzo de la Administración se centre en realizar las inversiones necesarias para que los vertidos de los sistemas públicos de saneamiento alcancen los valores de vertido requeridos.

 

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