PG&E acepta sentencia por homicidio involuntario

Una admisión de culpabilidad a 84 cargos de homicidio involuntario convertiría a la empresa PG&E en una de las pocas compañías que cotizan en la bolsa de los EEUU en esta situación. Algunos lo comparan con BP y la explosión del Deepwater Horizon de 2010. Una explosión y un derrame de petróleo que mató a 11 personas y vertió más de medio millón de metros cúbicos de crudo al Golfo de México durante 83 días. 

P,G&E tiene en su historial explosiones de gasoductos e incendios causados por la falta de mantenimiento de sus tendidos eléctricos. Pero, en noviembre de 2018, en Chico-Paradise, se superaron todos los récords. 84 muertos, 1 desaparecido, más de 18.000 estructuras y edificios destruidos y 60.000 hectáreas afectadas. Aunque el fuego tardó 17 días en apagarse, la mayor parte del daño se hizo en sólo 4 horas.

Actualmente, alrededor del 90% de la población de Chico-Paradise permanece dispersa en pueblos y ciudades cercanas al valle. Solo se han quedado en la ciudad unas 3,000 personas, que no llega al 10% de la población anterior. Éstas viven en hogares que escaparon del incendio. 

La empresa eléctrica PG&E se ha enfrentado simultáneamente a tres frentes al mismo tiempo que se veía forzada a declararse en quiebra. En primer lugar, debían enfrentarse a la indemnización de 25.500 millones de dólares por los daños causados. En paralelo, se enfrentaban a una multa de 1.900 millones de dólares impuesta por CPUC (California Public Utilities Commission). Por último y no menos importante, esta empresa tenía que hacer frente a los cargos por las 84 muertes del incendio.

El código penal del estado de California, considera una compañía (persona jurídica) como una persona (persona física). Esto hace que sea complicado determinar una pena de prisión, ya que el incendio no fue la consecuencia de un único acto sino fruto de años de negligencias y trabajos poco profesionales. Al mismo tiempo, las responsabilidades están muy diluidas en la organización y es difícil designar un culpable. Esto hace que PGE pague los mismos cargos que una persona (aprox. 10.000 USD por homicidio involuntario), pero hace imposible que se pueda señalar a un responsable que vaya a prisión.

En este proceso, Bill Johnson, CEO de PG&E, se declaró culpable en nombre de la empresa. De esta manera, se evitó un juicio que hubiese sentado en el banquillo a los responsables de la compañía.

La resolución del proceso ha cosechado diversas críticas. Por un lado, el fiscal del distrito ha sido criticado al aceptar un acuerdo que muchas víctimas consideran poco severo. Se señala, sobre todo, que PGE llevaba años ignorando los avisos de la Administración sobre la seguridad de sus instalaciones

Por otro lado, familiares de las víctimas consideran que, la admisión de culpabilidad parece haber sido diseñada para ayudar a salir a PGE de la quiebra, no pudiéndose comparar las sanciones económicas con el dolor que supone la pérdida de un ser querido.

Finalmente, lo más importante es que unos desastres que antes no hubiesen conllevado consecuencias serias, ahora se persiguen y sancionan.

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