¿Se pueden evadir responsabilidades? El caso PG&E

Como ya se ha informado en anteriores artículos, eludir actuaciones indispensables de seguridad, tanto desde el punto de vista de seguridad personal como ambiental puede tener consecuencias muy serias para una empresa.

En el caso de PG&E, los incendios en California de los que se le considera responsable han costado la vida a más de un centenar de personas, la destrucción de millares de hogares y pérdidas ambientales de cuantía difícil de estimar por su amplitud.

Los procesos judiciales que se han derivado de todo esto han supuesto la declaración de insolvencia de la compañía. Ésta ha intentado hacer frente a las indemnizaciones establecidas judicialmente mediante propuestas combinadas de pagos y otras acciones lo cual ha generado amplia oposición entre los afectados.

Adicionalmente, posteriores investigaciones judiciales apuntan a responsabilidades penales de los directivos de la compañía, por negligencia en sus obligaciones. Se ha establecido que el origen del incendio de Camp fue un gancho de sujeción instalado en 1918 y que, desde entonces, no se había reemplazado. Su coste era de 58 centavos. Los investigadores del estado creen que entre el 75% y el 80% del gancho se había desgastado con el roce de décadas en la línea eléctrica.

Según reveló Wall Street Journal en 2019, la compañía era consciente del estado de los ganchos desde 1987. así como de que la mayoría de las torres de alta y media tensión habían sobrepasado su vida útil y no tomó ninguna medida al respecto. En sus últimas declaraciones, este mes de Marzo, la compañía se muestra dispuesta a admitir un veredicto de homicidio voluntario pero no de aceptar responsabilidades personales para sus directivos.

A raíz del incendio, se han revisado las instalaciones y se han detectado más de 5.000 puntos de riesgo.

Las víctimas de los incendios están indignadas con las polémicas propuestas de PG&E para salir de la bancarrota. La compañía quiere pagar la mitad de las indemnizaciones a las víctimas que ascienden a 13.500 millones de USD en acciones de PG&E y la otra mitad en cash a través de un fondo fiduciario. Este trato haría de las víctimas de los incendios los mayores accionistas de la compañía, con un valor dudoso por la declaración de insolvencia y posibles responsabilidades futuras por mala praxis. El fondo fiduciario sería propietario del 20,9% de la totalidad de las acciones de PG&E y, tras la salida de bancarrota de la compañía, se iría vendiendo gradualmente las acciones para compensar a las víctimas. Este sistema presenta un reto para la Administración del Estado de California. Si las víctimas acabasen siendo los principales accionistas podrían tener que acabar soportando los costes de las sanciones legales de los futuros errores de la compañía.

Obviamente, esta solución no es del gusto de los afectados. La polémica se ha agravado cuando PG&E aceptó en sus otros procesos judiciales acuerdos legales para el pago enteramente en cash de más de 25.000 millones de USD a aseguradoras y gobierno californiano. Adicionalmente, con la caída de la Bolsa en Abril 2020, los abogados de los afectados le recomiendan no aceptarla por considerar que no les cubre ante futuros riesgos y que, además, el valor de la acción puede fluctuar excesivamente.

 

 

 

 

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *