Todos en contra de la errática política energética española

Tal como se ha informado ampliamente en los medios, como  El País y La Vanguardia, y también publicamos en nuestra web el pasado 16 de junio, el gobierno español pretende desincentivar el autoconsumo eléctrico del usuario doméstico, haciéndolo insostenible económicamente mediante costes indirectos y cuotas de conexión. Esta política favorece a los sistemas convencionales de producción de energía, especialmente a los de combustibles fósiles. La situación ha llegado a tales extremos que, incluso en webs estadounidenses como Planet Save, se satiriza el hecho de que, con la propuesta de Real Decreto, el autoconsumo eléctrico está más penado que el vertido de residuos nucleares.

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o UNCITRAL, en sus siglas en inglés) arbitrará el proceso legal contra España por parte de inversores internacionales en energía solar fotovoltáica, a pesar de los intentos españoles por impedirlo. Estos procesos de reclamación están motivados por los cortes en los subsidios que, con caracter retroactivo, ha decidido el gobierno. Recordemos que un inversor fotovoltáico que, en su día, iniciase un proyecto de este cariz contando en generar determinados ingresos por la energía volcada en la red, hoy los ha visto recortados hasta en un 50%. Lo cual, significa en muchos casos la ruina de los inversores. En paralelo, la prensa informa que los fondos buitre están aprovechando la situación para comprar, a precio de saldo, las instalaciones fotovoltaicas de pequeños inversores desesperados por las deudas.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha publicado un informe en el que califica el autoconsumo como «imprescindible». Además rebate la previsión del gobierno  sobre inversiones en la red de distribución, advirtiendo que son exageradas (1.300 millones en el mallado de una red de transporte que ya funciona más que «aceptablemente») y que solo provocaría un incremento de la factura y no una mejora del servicio.

El sector de la energía fotovoltáica llegó a emplear a miles de personas y podría reactivarse gracias a una reducción de en torno al 60 % de los costes de equipos que,  junto con innovaciones como los acumuladores Tesla, lo hacen de nuevo atractivo. Pero parece que el Gobierno no tiene en cuenta al sector ni al medio ambiente cuando está legislando. La pregunta, entonces, es obligada, ¿para quien se está haciendo?

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